Tras varias semanas de idas y vueltas en Lanús, luego de iniciada la paritaria con los municipales de la comuna, el Intendente tomó una decisión unilateral que estos últimos rechazaron de plano. El Departamento Ejecutivo había ofrecido una suba del 30 por ciento días atrás, pero fue rechazada por el sector, que esperaba una nueva convocatoria con la debida contraoferta.
El Sindicato de Trabajadores Municipales local exigía un aumento del 35 por ciento, más una serie de cuestiones que, al menos hasta ahora, no formaron parte de la negociación en sí. Por ejemplo, pedían un "sinceramiento salarial que logre pasar al sueldo básico los montos adicionales que no están incluidos", a tono con el reclamo de sus similares en otros municipios.
El titular del gremio, Miguel Pedelhez, criticó que tampoco hubiera voluntad de tocar los básicos y descartaran sus otros ítems. "No lo merecemos", indicó el dirigente del espacio.
"El decretazo es lo más grave ocurrido en Lanús", agregó el mismo, además de especificar que los incrementos sellados no son por 30 por ciento, como ofertó Darío Díaz Pérez, sino 10 por ciento.
"No hay explicación, no sé qué podría decir el Intendente, el 90 por ciento de los trabajadores piensan igual, que fue un hecho grave", insistió Pedelhez y confirmó que inició trámites en el Ministerio de Trabajo, que convocó a los delegados de su representación para el próximo lunes y en ese marco resolverán los pasos a seguir en el corto plazo.
Eso último está atado a la actitud del propio Díaz Pérez.
Hay algo particular que, en este caso, agrega un matiz fundamental a todo este entuerto. Los municipales cuentan, desde 2014, con un nuevo régimen laboral en suelo provincial, que a partir de su aprobación -en noviembre del año pasado, cuando recibió la venia de las dos cámaras dentro de la Legislatura- incorporó algunos derechos que demandaban desde hacía más de dos décadas, sobre todo las paritarias.
Junto con los judiciales, los municipales eran, en efecto, los únicos agentes de la administración pública que no tenían una ley propia, con ese agregado.
No es que no fueran convocados a negociar en los distintos municipales; por el contrario, esa instancia existía. Pero quedaba supeditada a la discrecionalidad de los jefes comunales, que tenían el poder de llamarlos o no, o incluso iniciar una paritaria y cerrarla por decreto, unilateralmente, si no había acuerdo ni consenso en los tiempos que pretendían.
Eso empezó a cambiar con la implementación de la nueva normativa, reglamentada a comienzos de este año con un acto especial, encabezado por la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO), que impulsó la iniciativa y presionó para su sanción, y el Gobernador de la provincia, Daniel Scioli, que tomó particular protagonismo en su salida.
Ese nuevo marco regulatorio, en año electoral, encuentra ahora sus resistencias. Pasó en Lanús pero también hay conflictos en otros distritos del Gran Buenos Aires, como Avellaneda.
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